Fecha 14 octubre, 2016 · Categoría Fedetax, Noticias

img-20161014-wa0011La propuesta de modificación de la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias ha concitado el rechazo prácticamente unánime de las Federaciones, Cooperativas y Asociaciones de taxis de las Islas.  “Una unidad histórica” motivada por la intención del Gobierno de Canarias de ir “mucho más allá” que la Unión Europa y España en la liberalización del transporte.

 

Dicha unión se ha manifestado en el día de hoy, donde los representantes del sector del Taxi a nivel Autonómico han presentado en Presidencia del Gobierno, un documento solicitando el archivo del procedimiento de tramitación de modificación legislativa por las graves consecuencias que la salvaje liberalización de servicios que en aquel se contiene, supondría para el sistema general de  transportes de Canarias y del taxi en particular, así como la destitución del Director General de Transportes del Gobierno  de Canarias, D. Elías Castro Feliciano, por la extralimitación que respecto de la regulación estatal y del resto de Comunidades Autónomas, supone la liberalización de servicios propuesta, precisamente en un territorio que por su mayor fragilidad debiera ser objeto de una mayor protección.
Entre los aspectos del borrador que ha suscitado más recelos en el sector se encuentra el de los arrendamientos de vehículos con conductor (VTC), que habilita “la libre implantación” de Uber y otras plataformas similares. Tanto Fedetax como el resto de las Organizaciones representantes del sector, sostenemos que la nueva ley aún en fase de borrador, da un paso “sin precedentes” al suprimir los requisitos de calidad y proporcionalidad en el transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, de manera que “cualquiera podrá tener un vehículo y destinarlo a realizar los servicios que hasta ahora vienen realizando los taxis”.
              “Hemos luchado durante años para que nuestra legislación sea diferenciada, acorde a un territorio fraccionado como el nuestro, y habíamos conseguido que se estableciera, según el contingente de taxis que exista en cada momento, una ratio de 1/30 (un vehículo VTC por cada 30 taxis), y advertimos  que esta nueva regulación propuesta “deja desprotegido” al sector frente a empresas que  como Uber, que mueve “miles de millones de euros”.
Al contrario de lo que ocurre con la Ley del Suelo, el proyecto estrella de Fernando Clavijo para esta legislatura, el borrador de la Ley de Transportes profundiza en la “pérdida de control” por parte de los ayuntamientos. Las corporaciones locales sólo podrán incoar, tramitar y resolver expedientes sancionadores sobre aquellas licencias o autorizaciones que hayan otorgado, lo que en la práctica, lo limita al sector del taxi, excluyendo al resto de servicios urbanos. “En Gran Canaria y en Tenerife, las principales islas, apenas hay cuatro o cinco inspectores. Si se le quitan competencias a los Ayuntamientos para inspeccionar y sancionar, conllevaría un total descontrol del Transporte.
El borrador de la Ley otorga  a su vez a los Cabildos  posibilidad de otorgar autorizaciones de transporte interurbano de Taxis,  sin necesidad de estar en posesión de licencia municipal. Quien disponga de este permiso podrá recoger viajeros en municipios distintos a aquel donde esté residenciado el vehículo “sin control de los ayuntamientos”. “Cuando el taxi insular no esté atendiendo el servicio de la concesión (transporte a la demanda), podrá realizar servicios de taxi normales sin sujeción territorial (ámbito insular)”
La tarifa máxima obligatoria del taxi, el límite de contratación de un solo asalariado, la eliminación de la sanción de inhabilitación o la falta de protección en una región ultraperiférica,  son otros de los aspectos de la Ley Canaria que han generado controversia entre los profesionales del sector.
Este sector en ningún caso pretende un inmovilismo ante la actual situación del transporte terrestre de viajeros, entendiendo que siempre hay margen de mejora en la regulación de una realidad tan dinámica y cambiante como la referida. Sin embargo el desatino de los puntos que han sido objeto de análisis en este borrador de Ley propuesto conllevaría que desapareciera un sector del que viven más de 10.000 familias en Canarias.
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