mié. Feb 26th, 2020

Gran Canaria.La Fiscalía pide hasta diez años de prisión para cuatro floteros por fraude a Hacienda.

Otras dos personas aparecen implicadas en el caso como “cómplices” I Los acusados se enfrentan al pago de multas que, en algunos casos, superan el millón de euros

adzubenam villullas 08.01.2020 | 21:08

grancanaria. JOSÉ CARLOS GUERRA

La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita hasta diez años de prisión para cuatro floteros de taxis que operaban en la capital grancanaria por defraudar a la Hacienda Pública de manera continuada entre los años 2008 y 2012. En el caso se ven también implicadas otras dos personas a modo de “cómplices”, para quienes piden penas superiores a los tres años de cárcel. Los acusados se enfrentan además a cuantiosas multas, que en algunos casos superan con creces el millón y medio de euros. El Ministerio Fiscal interesa de esta manera la apertura de Juicio Oral ante el Juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

El primero de los acusados que describe el escrito de acusación responde a las iniciales de J. R. S. R., quien organizó y dirigió presuntamente entre 2008 y 2012 una flota de taxis que llegó a alcanzar las 31 licencias. Este habría ocultado ingresos a la Agencia Tributaria por un importe que supera los tres millones de euros; mientras habría declarado en concepto de IRPF 786.087 euros, “con el consiguiente perjuicio para el erario público”, apunta el documento. El Ministerio Fiscal solicita para este presunto estafador a la Hacienda Pública un total de 10 años de prisión, dos por cada ejercicio en el que ha habido fraude. Además de una multa que podría superar el millón y medio de euros.

El segundo de los acusados responde a las iniciales de M. G. S., este ocultó presuntamente una serie de beneficios económicos a la Agencia Tributaria por fletar un importante número de licencias de taxi, el cual oscila entre las 11 del año 2008 y las 24 del año 2012. El escrito indica que habría evitado declarar un importe que supera los 1,8 millones de euros. Mientras, tan solo presentó en concepto de IRPF unos 931.543 euros. El flotero se enfrenta a una pena de prisión de diez años y a la mayor de las multas que apunta la Fiscalía dentro del caso: 1.863.086,98 euros.

En este caso, la Fiscalía señala que el flotero era “auxiliado” por su hijo, J. G. A., quien también está acusado por actuar a modo a cómplice. Este habría realizado supuestamente una serie de tareas en relación a la tramitación de documentos y pago de impuestos. Se enfrentaría a cuatro años y dos meses de prisión -10 meses por cada ejercicio en el que haya efectuado fraude- y a pagar una multa superior a los 940.000 euros.

El tercero de los presuntos floteros estafadores que describe la Fiscalía responde a las iniciales de B. M. G., quien, al igual que los otros dos, habría organizado y dirigido un importante número de licencias de taxis en la capital, 13 en 2008 y hasta 24 en el año 2012. A lo largo de todos estos ejercicios, solo la declaración correspondiente al año 2010 terminó con una “cuota positiva, en todas las demás fue negativa”. Este habría ocultado, supuestamente, a la Agencia Tributaria ingresos por un valor de 2,7 millones de euros. El Ministerio Fiscal solicita en este caso ocho años de prisión, dos por cada ejercicio en el que se haya producido fraude. Además del pago de una multa superior al millón de euros.

Este también contaba con un supuesto cómplice, según la Fiscalía. Se trataría de la esposa del presunto estafador a la Hacienda Pública, quien responde a las iniciales de R. C. T. S. Esta se encargaba de las altas y bajas en la Seguridad Social de los conductores, preparar nóminas y llevar los coches al taller. Se enfrenta a tres años y cuatro meses de prisión, además de una multa superior a los 290.000 euros.

El cuarto supuesto flotero defraudador sería J. R. C. O., quien entre los años 2008 y 2012 explotó hasta 15 licencias de taxi, cuyos ingresos “ocultó de manera deliberada” a la Agencia Tributaria, según señala el escrito. El presunto estafador habría omitido pagos por un valor de 544.684,88 euros. El Ministerio Fiscal solicita en este caso seis años de prisión -por defraudar al erario público en 2008, 2009 y 2011- y una multa superior a los 850.000 euros.

Según detalla el documento, los cuatro floteros mantenían organizaciones similares; por lo que principalmente variaba el número de licencias que estos manejaban y cuyos ingresos ocultaron supuestamente en sus declaraciones. Los acusados se ponían en contacto con el titular de una licencia de taxi concedida por el Ayuntamiento capitalino “al que ya no le interesaba la explotación por sí mismo”. Los presuntos defraudadores se comprometían a abonar una cantidad fija al mes, que en los cuatro casos rondaba los 500 euros.

Tras llegar a un acuerdo, los acusados ofrecían el taxi a uno o dos asalariados. Estos disponían, según la Fiscalía, de turnos de 12 horas para conducir o no los vehículos y, transcurrido ese periodo, abonar a los acusados entre 40 y 70 euros en los dos primeros casos y entre 45 y 70 euros en los otros dos. El beneficio que obtenían era el resultado entre la recaudación diaria y dichas cifras, más la gasolina, pues debían entregarle el tanque lleno.

Precisamente, la Fiscalía resalta que cada repostaje en una cooperativa “conlleva un descuento que cobraban los acusados”. Unos ingresos que presuntamente tampoco declaraban.